DERECHOS CONSTITUCIONALES AMBIENTALES Los derechos ambientales se pueden definir como el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva con incidencia en el ambiente1. En ese sentido, cuando estos derechos se encuentran insertados dentro del marco constitucional se les denomina derechos constitucionales ambientales. El presente ensayo tiene como objeto fundamental, concientizar y educar acerca de los derechos constitucionales ambientales que nuestra constitución nos otorga, los deberes del Estado frente a la protección, uso y conservación del medio ambiente, así como también, bajo cuáles convenios internacionales están amparados estos derechos, cuáles son las acciones que podemos ejercer en caso de que exista alguna violación a los mismos y el derecho que tenemos al libre acceso a la información ambiental. DERECHOS CONSTITUCIONALES AMBIENTALES EN LA REPUBLICA DOMINICANA En la República Dominicana la nueva constitución proclamada el 26 de enero, publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010, tratando de ajustarse a los estándares internacionales incluyó de manera novedosa dentro del Capítulo IV todo un articulado acerca de Los Recursos Naturales, al señalar lo siguiente: CAPÍTULO IV DE LOS RECURSOS NATURALES Artículo 142 .- Recursos naturales. Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico. Artículo 15.- Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación. Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas. Artículo 16.- Áreas protegidas. La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional. 1 Menéndez, A.J. 2000. La Constitución Nacional y el Medio Ambiente. Edic. Jurídicas Cuyo, Mendoza. 2 Arts. 14, 15, 16 y 17 de la Constitución de La República Dominicana, 2010. 4 Artículo 17.- Aprovechamiento de los recursos naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia: 1) Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional; 2) Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales; 3) Se declara de prioridad nacional la preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos y no vivos de las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la política nacional de desarrollo marítimo; 4) Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la Nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley. Como vemos, la constitución hizo hincapié en salvaguardar y proteger los recursos naturales no renovables, el agua y las áreas protegidas, los cuales fueron clasificados como patrimonio de la nación. El texto normativo constitucional , además, estableció mecanismos para regular el uso y aprovechamiento de los mismos, mediante la expedición de licencias, permisos, contratos y otros instrumentos jurídicos, limitando de esta forma la manera en que los recursos naturales serán explotados tanto por los particulares como por las entidades jurídicas. LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS Y LOS DEBERES DEL ESTADO FRENTE A LA PROTECCIÓN, USO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE La nueva carta magna incluyó como un derecho constitucional en el Título DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES FUNDAMENTALES, Sección DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE, Los Derechos Colectivos y Difusos, así como también, La Protección del Medio Ambiente, al expresar lo siguiente: Artículo 663 .- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege: 1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 2) La protección del medio ambiente; 3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. 3 Arts. 66 y 67, Constitución de la República Dominicana. Op. Cit. 5 Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza; 2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos; 3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes; 4) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado; 5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre. Los derechos colectivos o difusos, son aquellos que cubren intereses de todas las personas en términos generales, que son incuantificables, y que son inapropiables por un solo sujeto o un grupo de ellos4, también denominados derechos de tercera generación, en virtud de que surgieron en tiempos recientes. Estos derechos constituyen garantías en las que el Estado es sujeto pasivo y objeto de responsabilidad, y donde éste tiene a su cargo la protección del patrimonio de la nación, la preservación del medio ambiente y la conservación de las especies. Como podemos observar, la nueva constitución hace recaer sobre el Estado, en su calidad de ente regulador y garantista de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, el deber de preservar el medio ambiente en todo el territorio nacional. En ese sentido, el Estado tendrá la obligación de velar a través de las instituciones que hayan sido creadas con esos fines, que los derechos enunciados en nuestra constitución sean respetados tanto por los particulares como por las entidades jurídicas, sean éstas nacionales o extranjeras. Cabe resaltar, la inclusión dentro de este articulado del derecho que tiene toda persona a habitar en un ambiente sano, es decir, libre de contaminación. Este es un derecho esencial que se encuentra consagrado en la mayoría de los convenios internacionales relativos a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, dentro de los cuales podemos citar: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Rio de Janeiro, Brasil en el año 1992, la cual establece en el Principio 1 lo siguiente: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 4 http://burica.wordpress.com/2003/11/17/los-derechos-difusos-como-garantias-de-tercera-generacion/. 6 con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” 5; y La Convención de Estocolmo (1972), que consagra en su Principio 1 que “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuado en un medio de calidad tal que le permita llevar un vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras... 6”. En nuestro ordenamiento jurídico, los convenios y tratados internacionales, una vez que son ratificados por el Estado Dominicano, tienen rango constitucional, es decir, su aplicación es equiparada a la de la constitución de la República, y por lo tanto tienen supremacía sobre las leyes, reglamentos y decretos. En torno a este aspecto, el Código Procesal Penal, en el artículo 1, libro I, título I, relativo a los principios fundamentales se establece: “Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución y de los Tratados Internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley”7. Aunque el legislador no especifica el tipo de tratado al que se refiere, resulta evidente que es a los relativos a los derechos fundamentales. En virtud de esto, en la República Dominicana, los derechos ambientales y las prerrogativas que se derivan de los mismos, no se encuentran limitados a aquellos que se encuentran enunciados en la constitución o las leyes adjetivas, sino que abarcan todos aquellos derechos ambientales que han sido establecidos en los tratados y acuerdos internacionales que hayan sido debidamente ratificados por el Estado Dominicano. A continuación, veremos un listado de los principales tratados y convenios internacionales sobre el uso y conservación del medio ambiente, que ya fueron ratificados en el país y por consiguiente son de carácter constitucional. PRINCIPALES TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE RATIFICADOS POR LA REPUBLICA DOMINICANA Dentro de los principales tratados y convenios internacionales sobre el medio ambiente y la biodiversidad, que han sido ratificados en nuestro país, destacamos los siguientes: 1. El Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, ratificado mediante resolución No. 550 del 17 de Junio de 1982. 5 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. 6 la Convención de Estocolmo de 1972. Firmada en el 2001, Ratificada por el país en el 2007. 7 Art. 1 Código Procesal Penal de la República Dominicana. 7 2. El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por la resolución No. 25-96, del 2 de Octubre de 1996. 3. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (Cumbre para la Tierra), efectuada en Rio de Janeiro, Brasil en el año 1992, ratificado por la resolución No. 25-96, del 2 de Octubre de 1996. 4. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación, en particular en África de fecha 17 de Junio de 1994, ratificada por la resolución No. 99-97, del 10 de Junio de 1997. 5. La Convención de Marpol (Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación Naval) 73/78 de 1998, ratificada por medio de la resolución No. 247 de ese año. 6. La Convención de Basilea sobre control, a nivel internacional, del movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos y de su disposición final fue firmado y ratificado el día 10 de junio del 2000. 7. La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable (2002). 8. El Protocolo de Kyoto, el cual se abrió a la firma el 16 de Marzo de 1998, la República Dominicana lo ratificó el 12 de Febrero del 2002. 9. La Convención de Rotterdam, sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. Ratificada por el país bajo la resolución 506-2005 de noviembre del 2005. 10.La Convención de Estocolmo firmada en mayo de 2001. Ratificada por el país en el 2007. ACCIONES QUE PODEMOS EJERCER EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA VIOLACIÓN A ESTOS DERECHOS En la República Dominicana, el Estado regula y protege los recursos naturales, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, institución gubernamental que fue creada por la Ley General 64-00 Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para promover una acción contra algún particular o entidad jurídica, el ciudadano afectado tiene varias opciones para elegir: 1) Acudir por ante El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 2) Por ante La Jurisdicción Penal; y 3) Mediante La Jurisdicción Civil. Si un particular que se vea afectado por un daño ambiental decide accionar por la vía administrativa, es decir, querellarse ante El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, éste deberá acudir a la oficina del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se encuentre en el lugar donde se está produciendo el daño, luego, El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales enviará una brigada para que ésta verifique si realmente se está contaminando el medio ambiente y de ser así, El Ministerio de Medio 8 Ambiente y Recursos Naturales tendrá la facultad de interponer medidas de carácter administrativo, tal y como lo establece el artículo 167 de la ley 64-00. Esta medida que emitirá El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá ser obedecida por la persona o entidad a quien se le impuso y de no hacerlo se le aplicará la siguiente sanción: “Las personas o entidades jurídicas que no cumplan con las órdenes, emplazamientos y recomendaciones emanadas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, serán objeto del retiro temporal o definitivo de la autorización para ejercer o efectuar las actividades que los causaren, sin perjuicio de otras sanciones que pueda dictar el tribunal competente”8. En caso de que el ciudadano afectado decida ejercer sus derechos por la vía judicial, es decir, ante los tribunales, en primer lugar, siempre hay que tomar en cuenta si la persona afectada quiere accionar por la vía civil o la penal, si decide actuar por la vía civil estaría agotando lo que es la acción de daños y perjuicios y en este caso deberá notificar una demanda en daños y perjuicios vía alguacil a la persona o entidad que esté afectando el medio ambiente, por ante el Tribunal de Primera Instancia en materia civil y agotar el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil de la República Dominicana. Si decide accionar por la vía penal, cuyo ejercicio se denomina acción judicial ambiental a la luz de la ley 64-00, aquí tendrá que dirigirse ante el procurador fiscal de medio ambiente a hacer su denuncia o a interponer una querella, en ese sentido, “el magistrado procurador fiscal, para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales de la jurisdicción correspondiente, actuando como juez de la querella, está obligado, si considera que el caso tiene vicios de gravedad, a dar curso expedito, de oficio o ante las querellas, denuncias o referimientos previstos en la presente ley, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, con el propósito de que las anomalías o daños ambientales sean corregidas a la mayor brevedad y las infracciones a las leyes ambiental sean conocidas por el tribunal competente”9, que para el caso es el Tribunal de Primera Instancia en materia penal. Es importante señalar, que el ejercicio de la acción judicial ambiental no implica renuncia a la acción por daños y perjuicios, por ante el tribunal civil 10, Es decir, que el ciudadano puede ejercer una acción por la vía penal primero y si no queda conforme con la decisión de la jurisdicción penal puede recurrir ante la vía civil. El procedimiento anteriormente expuesto es cuando el conflicto surja entre dos particulares, ahora bien ¿Qué sucedería si el conflicto surge entre un particular y el Estado? La ley 64-00 no dice nada al respecto, pero entendemos que como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una entidad gubernamental del Estado, es decir, pertenece a la Administración 8Párrafo I del artículo 167 de la ley General 64-00 sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2000. 9Artículo 181, ley 64-00. Op. Cit. 10 Artículo 182. Ibid. 9 Pública, perfectamente se podría apoderar al Tribunal Superior Administrativo, para que éste en sus atribuciones contenciosa-administrativa, conozca del recurso interpuesto por el particular. El procedimiento a seguir en este caso, es interponiendo una instancia motivada al presidente del Tribunal Superior Administrativo, el cual dictará un auto para que dicha instancia sea comunicada a la contraparte y esta pueda ejercer su derecho de defensa y pueda exponer sus conclusiones en torno a su posición11. Los delitos ambientales se encuentran contenidos en los arts. 174 y 175 de la Ley 64-00, y las sanciones penales ambientales están consagradas en los arts. 183, 184, 185 y 186 de la misma ley, estas pueden ser de carácter pecuniario o privativo de la libertad, es decir, prisión correccional. Dentro de este articulado resaltamos el art. 184 que establece lo siguiente: “Los funcionarios del estado que hayan permitido expresamente o por descuido e indiferencia, la violación a la presente ley, serán pasibles de la aplicación de las penas indicadas en los numerales 1 y 2…12 independientemente de las sanciones de índole administrativa que puedan ejercerse sobre ellos, incluyendo la separación temporal o definitiva de sus funciones”. Por otra parte, es importante destacar, que la protección al medio ambiente no solo se encuentra consagrada en la ley 64-00, sino que también el Código Civil Dominicano consagra varios artículos en protección al medio ambiente, así como también, habla acerca de la responsabilidad en que incurre una persona que haga daño al medio ambiente, estos artículos son 538, 542, 543, 1382,1383 y 1384. Y en el ámbito penal también tenemos varios artículos del Código Penal Dominicano que expresan la sanción que se le puede imponer a una persona que afecta al medio ambiente, estos son los artículos 317 (Párrafo I), 434, 445 al 448, 452, 454, 471 numerales 8 y 15 y el artículo 475 numeral 25. Igualmente, tenemos la Ley 311, del 24 de Mayo de 1968 Sobre Comercialización de Plaguicidas y la Ley 218 del 13 de marzo del 1884 que prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos, entre otras más. La protección al medio ambiente está expresada en diversos textos legales, por lo que es un deber no sólo del Estado sino también de todos los ciudadanos el preservar el medio ambiente y los recursos naturales del país. DERECHO A LA INFORMACION AMBIENTAL El derecho de acceso a la información, es un derecho universalmente reconocido, éste se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 4). En nuestra constitución este derecho se 11Véase artículo 11 y siguientes de la ley 1494. 12 Art. 183 Ley 64-00. Op. Cit. Numerales 1 y 2: “1) Prisión correccional de seis (6) días a tres (3) años y, si hubiesen fallecido personas a causa de la violación, se aplicará lo establecido en el Código Penal Dominicano; y/o 2) Multa de una cuarta parte (1/4) parte del salario mínimo hasta diez mil (10,000) salarios mínimos vigentes en el sector público en la fecha en que se pronuncie la sentencia”. 10 encuentra tutelado en el art. 49, el cual establece en su numeral 1 lo siguiente: 1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende, buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme a lo determinan la Constitución y la ley. En el aspecto ambiental, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Rio de Janeiro, Brasil en el año 1992, establece en el Principio 10, lo siguiente: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. En base a lo consagrado en este principio, el Estado Dominicano tiene la obligación de proveer y facilitar a todos los ciudadanos, sin distinción alguna, las informaciones ambientales que estén a su disposición, en especial aquellas relativas a los daños considerables que puedan ser ocasionados en el medio ambiente o en alguna comunidad de manera específica. De este principio se desprende también, la participación activa de cada ciudadano en las cuestiones ambientales del país, donde ante un caso de violación de uno estos derechos ambientales, tendrá no tan solo el libre acceso a la justicia, sino también libre acceso aquellos datos o informaciones que por efecto de la ley 64-0013 el Ministerio de Medio Ambiente deberá proporcionar a todo aquel que lo requiera, de manera específica aquellas que tienen ver con el impacto ambiental que afecten el medio ambiente y los recursos naturales. No obstante a esto, la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, establece y reglamenta la forma de acceso a la información pública. Esta ley obliga al Estado a ofrecer información clara y oportuna a los ciudadanos que realicen las peticiones, mediante un procedimiento previamente establecido en la misma ley y estableciendo las sanciones14, incluso de tipo penal, como es el caso de haya alguna negatividad por parte del funcionario que se niegue a facilitar las mismas. 13 Ver artículos 6, 18 (Acápite 17), 48, 50 y 51 de la Ley General 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2000. Op. Cit. 14 El art. 30 de la Ley 200-04, sobre el Libre Acceso a la Información Pública. 2004. Establece lo siguiente: “El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”. 11 Esto significa que en cuanto al libre acceso a la información ambiental, en la República Dominicana tenemos un marco legal bastante explícito y detallado, donde el ciudadano tendrá la opción de ejercer su derecho a la libre información ambiental por cualquiera de los mecanismos jurídicos antes indicados. CONCLUSIÓN La consagración en la nueva constitución de la protección de los recursos naturales y de las especies, así como del deber del Estado de proveer los mecanismos necesarios para la efectiva protección de los mismos, representa un adelanto significativo en materia medio ambiental. En la República Dominicana, existen bajo el régimen jurídico actual, los medios legales suficientes tanto constitucionales como de las leyes adjetivas, que permiten a los particulares o entidades jurídicas accionar cuando éstos entiendan que se les está violentando un derecho ambiental. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un compromiso firme por parte del Estado de promocionar o proporcionar los medios para que esos derechos y medios legales sean conocidos por los ciudadanos de este país, a modo de garantizar la debida protección del medio ambiente, lo cual resulta sorprendente, puesto que en la medida en que el ciudadano ejerza sus derechos y actúe en justicia a favor de la protección de los recursos naturales, existirá menos probabilidad de que personas o entidades jurídicas irresponsables ocasionen más daños que impacten el medio ambiente del país. Si bien es cierto, que es un compromiso de todos los ciudadanos de esta nación, el procurar que nuestro entorno ambiental se encuentre sano, libre de contaminación y viable no tan sólo para nuestra generación, sino para las generaciones venideras, no es menos cierto que el Estado es quien tiene la mayor obligación de velar para que así sea. Procuremos entonces, ser partícipes del ejercicio de estos derechos, no existe nada más peor que una actitud de indiferencia hacia el daño ocasionado al medio ambiente y a las consecuencias que de éste se derivan. 12 Anexo CUADRO COMPARATIVO DERECHO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA El cuadro presentado a continuación es una muestra del avance significativo que hemos tenido en materia de derecho constitucional ambiental, con la promulgación de la nueva constitución del 26 de Enero de 2010. CONSTITUCION DOMINICANA Del 25 de julio de 2002 CONSTITUCION DOMINICANA del 26 de enero de 2010 Artículo 5.- El territorio de la República Dominicana es y será inalienable. Está integrado por la parte oriental de la Isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929, y su Protocolo de Revisión de 1936. Se divide políticamente en un Distrito Nacional, en el cual estará comprendida la capital de la República, y en las provincias que determine la ley. Las provincias, a su vez se dividen en municipios. Son también partes del territorio nacional, el mar territorial y el suelo y subsuelo submarinos correspondientes, así como el espacio aéreo sobre ellos comprendido. La extensión del mar territorial, del espacio aéreo y de la zona contigua y su defensa, lo mismo que las del suelo y subsuelo submarinos y su aprovechamiento, serán establecidos y regulados por la ley. La ley fijará el número de las provincias, determinará sus nombres y los límites de éstas y del Distrito Nacional, así como los de los municipios en que aquellas se dividen, y podrá crear también, con otras denominaciones, nuevas divisiones políticas del territorio. Artículo 14.- Recursos naturales. Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico. Artículo 7.- Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, así como la difusión en el mismo de la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano. El aprovechamiento agrícola e industrial de los ríos fronterizos se continuará regulando por los principios consagrados en el Artículo 6to. del Protocolo de Revisión de 1936 del Tratado de Frontera de 1929, y en el Artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929. Artículo 15.- Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación. Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, 13 lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas. Artículo 8.- Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas: … 17. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez. El Estado prestará su protección y asistencia a los ancianos en la forma que determine la ley, de manera que se preserve su salud y se asegure su bienestar. El Estado prestará, asimismo, asistencia social a los pobres. Dicha asistencia consistirá en alimentos, vestimenta y hasta donde sea posible, alojamiento adecuado. El Estado velará por el mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios y las condiciones higiénicas, procurará los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas y de toda otra índole, así como también dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos, así lo requieran. El Estado combatirá los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y organizaciones internacionales. Para la corrección y erradicación de tales vicios, se crearán centros y organismos especializados. Artículo 16.- Áreas protegidas. La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional. Artículo 10.- La enumeración contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa, y por consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza. Artículo 17.- Aprovechamiento de los recursos naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo 14 criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia: 1) Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional; 2) Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales; 3) Se declara de prioridad nacional la preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos y no vivos de las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la política nacional de desarrollo marítimo; 4) Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la Nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley. Artículo 101.- Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, formará parte del patrimonio cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado. La ley establecerá cuando sea oportuno para su conservación y defensa. Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege: 1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 2) La protección del medio ambiente; 3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Artículo 103.- Los yacimientos mineros pertenecen al Estado y solo podrán ser explotados por particulares en virtud de las concesiones o los contratos que se otorguen en las condiciones que determine la ley. Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza; 15 2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos; 3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes; 4) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado; 5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre. 16 LICDA. CARMEN NIDIA KALHIXTA REYES STUBBS Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago De Los Caballeros, obteniendo el título de Licenciatura en Derecho, 1998-2002, Cum Laude, posteriormente realizó un Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social, en la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), Santiago de los Caballeros, en el año 2005 y más adelante cursó una Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago de Los Caballeros, 2007-2009. Participante de varios cursos académicos impartidos en la Ruta Quetzal Argentaria-Universidad Complutense de Madrid, España, 1996 y del XV Congreso Iberoamericano y IX Congreso Nacional de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, Asociación Dominicana de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, Universidad Católica de Santo Domingo, 2004, entre otros. Finalista al Premio Nacional de la Juventud en el año 2000 y estudiante meritoria, reconocida por el Honorable Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna, en el primer reconocimiento al Mérito Estudiantil en el año 1997; Encargada de pronunciar el discurso de agradecimiento en esta premiación; Reconocimiento como estudiante meritoria otorgado por el Honorable Ayuntamiento Municipal y también por la Gobernación Provincial de la ciudad de La Vega en el año 1997. Desde el año 2003, labora en la oficina JM DE LA CRUZ & ASOCIADOS, como encargada del área comercial y corporativa. 17 CONSEJO PROVINCIAL (2011-2012) Dr. Francisco J. Morilla Gómez Presidente del Consejo, APEDEVE Lic. Manuel Pimentel, Secretario de Finanzas, Cámara de Comercio y Producción de La Vega Sr. Domingo Rodríguez, Vice-presidente, Federación Junta de vecinos Ing. José Vásquez, Representante Secretario General, UCATECI Ing. Julio César Peña Lazala, Encargado Asuntos Gubernamentales, Club de Leones La Vega Real Ing. Miguel Ángel Lora, Primero Vocal, Fundación Salvemos el Camú Pastor Adriano López Segundo Vocal, Iglesias Evangélicas Padre Porfirio Espinal, Secretario Asistencia Social, Iglesia Católica Dr. Nelson Cosme, Encargado de Planificación y Proyectos, Club Rotario Lic. Elena Tineo de Lora Directora Ejecutiva Colofón Publicación avalada por el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de La Vega. Primera edición. Consta de 2,000 ejemplares. Impreso en Impresos Andy